Viernes 21 de Julio de 2017

La solidaridad constitucional: un término en disputa

Por: Karim Nehme - 16-11-2016

Desde el retorno a la democracia, el crecimiento económico se ha convertido en la principal preocupación económica de los distintos actores del quehacer nacional. Gobiernos, partidos políticos y agrupaciones empresariales, nos han recordado con inusual disciplina y cohesión, la relevancia estratégica de mantener un crecimiento constante de la economía nacional para, en una etapa posterior, según se nos dice, poder distribuir los ingresos y la riqueza entre toda la población.

Tal consenso permitió al país, a pesar de enfrentar complejos desafíos políticos e institucionales propios del proceso de transición a la democracia (Pinochet aún era comandante en jefe del ejército y cada cierto tiempo gustaba demostrar su poder a través de inusuales movimientos del ejército, tal como el ejercicio de enlace), contar con un periodo de crecimiento económico record, cuestión, que explica el alto crecimiento de la economía durante el primer gobierno transicional del presidente Aylwin, en el que la economía se expandió a un ritmo de 7,7,% anual [1].

Tal crecimiento económico, sostenido en el tiempo, aunque afectado de forma cíclica por distintas crisis internacionales, les permitió a los gobiernos democráticos y a las elites nacionales anunciar el cumplimiento de un primer objetivo estratégico, a saber, la reducción considerable de los niveles de pobreza. Al respecto, cabe recordar, que Chile tenía un 40% de pobreza, cerca de cinco millones de habitantes, el año 1990 [2], la cual, se redujo sistemáticamente al 11,7% al año 2015 [3].

Sin embargo, el crecimiento económico de los últimos 25 años, a diferencia de lo planteado por el discurso oficial, no ha permitido distribuir los ingresos y la riqueza nacional de forma justa entre los habitantes del país, por el contrario, ha generado un nivel de concentración de la riqueza que pone en tela de juicio la real naturaleza de la democracia chilena. A saber, el 1% de la población concentra el 28,7% del ingreso nacional, y si se considera un grupo más reducido de personas, el 0,1%, la concentración del ingreso alcanza al 13,7% (Engel 2013).

Dicha desigualdad económica objetiva, respaldada por datos numéricos, tiene un peligroso correlato subjetivo, el cual se hace evidente al analizar la percepción que tienen las personas sobre la actual distribución del ingreso en el país, pues al año 2013, sólo el 10% de los chilenos consideraba “justa” la distribución de la riqueza nacional, cuestión sorprendente, cuando el promedio a nivel Latinoamericano es del 25% [4].

Tal realidad, ha provocado en los compatriotas una genuina preocupación por alcanzar mayores niveles de “igualdad” (económica, cultural, política, etc.), la cual, se manifiesta en la encuesta del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea del año 2011, ante la pregunta de ¿cuál de los siguientes valores para usted es más importante, la libertad o la igualdad?, un 72% de las personas respondió que lo es la igualdad, mientras que un 25% prefirió la libertad [5].

Aquello nos demuestra que la legitimidad futura de nuestra democracia se trasladara progresivamente desde una excesiva orientación por el crecimiento de la economía, hacia una cada vez mayor preocupación por la distribución de la riqueza.

Tal cambio de prioridades ha sido interiorizado, en mayor o menor medida, por gran parte de los partidos políticos nuevos y tradicionales, al menos en un nivel discursivo, quienes, a mi entender, han recurrido al concepto de “solidaridad constitucional” para proponer modificaciones constitucionales que permitan superar o corregir el actual Estado Subsidiario, entendiendo que dicho modelo ha contribuido considerablemente en la generación de la desigualdad económica que anteriormente hemos denunciado.

La “solidaridad constitucional”, en este contexto, debe ser entendida como un concepto abierto cuya aplicación acepta distintos niveles de intensidad en cuanto al grado de intervención del Estado en el aseguramiento de ciertas necesidades sociales básicas, de ahí que, a nuestro entender, sea un término políticamente en disputa, pues, a partir de aquel, se están intentando fundamentar tres modelos de Estados diferentes, que son los siguientes:

Un primer modelo es el que he llamado “Estado Garante”, propio de un sistema político social demócrata. En él, la solidaridad es entendida como la creación de un Estado de Bienestar garante de derechos sociales universales, en el cual, se consagre explícitamente en la Carta Fundamental un principio de universalidad en cuanto al acceso. Su fundamento radica en la necesidad de que ciertos ámbitos de la vida humana no dependan de las reglas del mercado, compartiendo entre todos, de forma solidaria, los riesgos que implican su satisfacción (educación, salud, previsión social, etc.). En palabras de Atria, “los derechos sociales contienen la idea de que ciertos aspectos del bienestar de cada uno son responsabilidad de todos, y porque descansan en la idea de realización recíproca, no pueden ser entendidos como indiferentes a la cooperación” [6].

Tal propuesta, busca articular a través de los diversos movimientos sociales y grupos políticos de izquierda, una nueva hegemonía cultural que desplace a la actual de carácter neoliberal, así, “de la crítica de la desigualdad política se operará, a través de los distintos discursos socialistas, un desplazamiento hacia la crítica de la desigualdad económica, lo que conducirá a la puesta en cuestión de otras formas de subordinación y a la reivindicación de nuevos derechos. Las reivindicaciones socialistas deber ser vistas, por tanto, como un momento interior a la revolución democrática” [7].

Al segundo modelo lo he denominado “Estado Solidario”, y a mi entender, es coherente con un sistema político propio del social liberalismo o liberalismo progresista. En él, la solidaridad es entendida como un deber constitucional de cooperación entre el Estado y los privados en la satisfacción de derechos sociales, asegurando a cada individuo un “mínimo igualitario” judicialmente exigible. En palabras de Norberto Bobbio, esta posición recoge la idea que “seamos iguales entre todos, no en todo, pero si en algo” [8].

A diferencia de la propuesta anterior, en el modelo de Estado Solidario, existe una “constitución abierta” en la cual el constituyente no decide a priori el nivel de intervención que le corresponde al Estado en el desarrollo de las políticas sociales (no se la juega de inmediato por la universalidad), entregando dicha decisión, a los órganos colegisladores, quienes lo evaluarán caso a caso, por lo que, podría decidirse impulsar políticas públicas focalizadas o bien universales.

Tal planteamiento, se basa en la supuesta existencia de un consenso constitucional traslapado o entrecruzado entre las distintas visiones políticas (morales) presentes en el sistema de partidos políticos sobre la importancia de la “justicia social” para hacer frente al problema de la desigualdad, de modo que a través de lo que Rawls ha denominado como “cooperación social” (o en nuestras palabras colaboración público-privada), se satisfagan sus dos principios de justicia (i) mismas libertades individuales, y, (ii) justa igualdad de oportunidades, asegurando un mínimo de satisfacción material para todos [9].

Por último, el tercer modelo, lo he llamado derechamente “Estado Subsidiario”, el cual, entiendo coherente con un sistema político neoliberal, en donde los privados y el mercado son los principales encargados de satisfacer ciertas necesidades sociales básicas en desmedro de las atribuciones que le podrían caber en dicho ámbito al órgano estatal. En él, la solidaridad es entendida como un “subsidio” que el Estado transfiere a determinadas personas que se encuentran en peligro de retornar a la pobreza, o, en otras palabras, en favor de quienes no pudieron acceder a ciertos bienes básicos a través del mercado.

En este modelo, la Carta Política debe consagrar en términos explícitos la consagración de un Estado Subsidiario, pues, en palabras de Jaime Guzmán, “el Estado no puede absorber las actividades que pueden ser adecuadamente desarrolladas por los particulares, ya sea solos o agrupados en sociedades intermedias, de ahí que los fundamentos y proyecciones conceptuales del principio de subsidiariedad son claves para cualquier estructura política y socio-económica que aspire a configurar una sociedad libre” [10].

En este sentido, se niega la naturaleza de derecho a los llamados derechos sociales, pues, se señala que no es posible determinar con precisión el contenido de la prestación de tales derechos, cuestión que no podrían realizar los jueces por cuanto carecen de legitimidad democrática para aquello. En contrapartida, se habla de ciertas “aspiraciones sociales” que deberán ser satisfechas primeramente a través de los privados (mercado), y solo en caso de que la persona no pueda acceder a él, el Estado debe entregarle un “subsidio”, haciendo operativa su idea de “solidaridad constitucional”.

Para concluir, podemos señalar, que el análisis de tales modelos de Estado construidos a partir del concepto de “solidaridad constitucional”, demuestran que la “desigualdad” económica será sin dudas el tema central del debate político de las próximas elecciones nacionales (parlamentaria y presidencial), desplazando en importancia al crecimiento económico, que desde el inicio de la transición se había erigido como el tópico trascendental de legitimación de nuestra democracia.

Los resultados de dichas votaciones nos darán luces en torno a si es posible crear una amplia alianza política entre quienes postulan los modelos de Estado Garante y Estado Solidario, o más bien, si la construcción de modelos diferentes no es acaso la antesala de un fraccionamiento político del país en tres grandes macro zonas ideológicas, con las importantes consecuencias políticas que aquello significarían para un país acostumbrado a pensar, por más de dos décadas, solo en dos ofertas políticas programáticas concretas.

Notas al pie

  • [1] La democracia semisoberana: chile después de Pinochet. Carlos Hunneus, Taurus, Santiago, 2015, pág. 338.
  • [2] Ídem. Pág. 125.
  • [3] Encuesta CASEN año 2015.
  • [4] Véase www.latinobarometro.org
  • [5] Barómetro CERC, 1989 – 2011.
  • [6] Derechos sociales y educación: un nuevo paradigma de lo público, Fernando Atria Lemaitre, Editorial LOM, 2014, Santiago, Pág.51.
  • [7] Hegemonía y estrategia socialista: hacia una radicalización de la democracia, Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2010, Pág.198.
  • [8] Norberto Bobbio: un hombre fiero y justo, Agustin Squella Narducci, Fondo de Cultura Económica, Santiago, 20015, pág. 55.
  • [9] RAWLS, John, Teoría de la justicia, Editorial Fondo de Cultura Económica, México, 2012, pp. 67.
  • [10] ROJAS SÁNCHEZ, Gonzalo – ACHURRA GONZÁLEZ, Marcela – DUSSAILLANT BALBONTÍN, Patricio, Derecho Político: Apuntes de clases del profesor Jaime Guzmán Errázuriz, Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 1995, p.54.  


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