Lunes 20 de Noviembre de 2017

La trampa de la Constitución mínima

Por: Karim Nehme - 12-09-2016

Al revisar las distintas propuestas elaboradas por los conglomerados políticos nacionales sobre las características que debiera tener la próxima Constitución Política de la República, nos encontramos, entre otras, con la idea de una “constitución mínima”, la cual ha sido respaldada por sectores conservadores, principalmente, por quienes adhieren a los nacientes movimientos políticos Evópoli y Horizontal.

Sus defensores han justificado dicha propuesta señalando que en la próxima constitución se deben dejar afuera aspectos ideológicos que dividan a los chilenos [1], concretamente, los denominados derechos sociales, entendiendo por aquellos, “una subcategoría dentro de los derechos fundamentales que persiguen la satisfacción de las necesidades elementales de las personas en ámbitos como la salud, trabajo, vivienda o la educación, o todas aquellas exigencias referidas a la justicia social” [2]. De esta manera, según quienes postulan una constitución mínima, el país lograría por vez primera, contar con una “constitución que se limite a establecer las reglas, derechos y libertades que hagan posible una política democrática” (El Mostrador, agosto 2014).

Sin embargo, si analizamos con detención tal propuesta, sobre todo los aspectos ideológicos que esconde, podemos darnos cuenta fácilmente que al rechazar a priori de modo tan categórico el reconocimiento de derechos sociales en la nueva constitución, implícitamente se está reconociendo su decidida adhesión a la mantención de un Estado de carácter subsidiario, perpetuando, en ese sentido, el estatus quo consagrado por la actual Carta Fundamental. Esto independientemente de la validez de la discusión en torno a cuál es el mecanismo jurídico constitucional más adecuado para su efectiva consagración.

Así las cosas, resulta aclarador preguntarnos lo siguiente, ¿puede ser considerada genuinamente como Constitución mínima, una Carta Política que consagra (cerrando la discusión ad inicio) un determinado carácter del Estado (mínimo subsidiario) en base al cual se predetermina constitucionalmente el nivel de intervención que le cabe al Estado en las políticas públicas sociales?, claramente la respuesta es negativa.

Es por esta razón, que creemos que el planteamiento de la constitución mínima, en los términos en que ha sido justificada públicamente por los movimientos políticos antes señalados, esconde la siguiente trampa o ardid: pretende negar legitimidad a cualquier postura constitucional que consagre los denominados derechos sociales por fundarse en un contenido ideológico que dividiría a los chilenos, sin embargo, su propuesta también se sustenta en una visión ideológica determinada (estado mínimo subsidiario), que ha generado en los hechos una profunda discordia entre los compatriotas y el contenido normativo de la actual constitución de 1980, razón por la cual, no puede ser considerada genuinamente una propuesta de constitución mínima, y por tal razón, debe ser criticada en el sentido que lo hemos hecho.

Hacia una Constitución abierta

La crítica efectuada a la idea de una supuesta “constitución mínima”, nos obliga a preguntarnos lo siguiente: ¿debe una constitución regular en detalle un modelo determinado de Estado (cerrando su discusión) en base al cual se determine el nivel de intervención estatal en el ámbito de las políticas públicas?

Al respecto, es posible imaginarnos las siguientes dos respuestas: (i) es necesario que la constitución adopte una posición clara respecto a la cuestión de si el Estado debe responder a las distintas necesidades sociales a través de políticas públicas focalizadas (cláusula del Estado Subsidiario mínimo) o universales (cláusula del Estado Social de Derecho), o (ii) no es necesario que tal problemática sea zanjada a priori por la Constitución, sino que más bien, lo ideal desde un punto de vista democrático, sería que tal asunto sea decidido caso a caso por los órganos colegisladores (poder ejecutivo y legislativo).

Para quienes creemos que el ideario liberal progresista debe identificarse con la segunda respuesta, sostenemos que es necesario pensar en una nueva Carta Política que se caracterice por ser una “Constitución Abierta”, en tanto, “lo esencial de la Constitución, más que elaborar una concepción del hombre, sería construir la vida social y política como un proceso indefinidamente abierto[3]. Dicho planteamiento, exige que la próxima Constitución asegure un “espacio abierto” que posibilite la libre expresión de las distintas visiones políticas, permitiendo que cualquiera de éstas pueda llegar a ser en un momento determinado mayoritaria, evitando así, petrificar una determinada visión política dada a nivel constitucional, como sería en nuestro caso, una definición previa sobre el carácter del Estado.

En este sentido, siguiendo a García de Enterría, creemos que una constitución “es un marco general y común que no debe imponer una concreta y determinada opción política, permitiendo, por tanto, diversas interpretaciones en función de diferentes alternativas político-sociales” [4], cuestión que sólo se puede lograr a través de una Constitución Abierta capaz de hacer operativo los principios del liberalismo democrático y pluralismo político.  

Es por esta razón, que estimamos coherente con la propuesta de una constitución abierta, que sean los órganos colegisladores quienes a través de la legítima deliberación democrática institucional, decidan caso a caso el nivel de intervención que le corresponderá desplegar al Estado para satisfacer una determinada necesidad social, sin que dicha deliberación, sea reemplazada previamente por una postura consagrada a nivel constitucional, pues, es necesario recordar que “las constituciones no son reglas abstractas y descarnadas, sino derecho vivo, incardinado en la sangre, en las creencias y en los intereses del pueblo, instrumentos por ello vivientes y evolutivos [5].

Por último, estimamos que la propuesta de Constitución Abierta en los términos en que ha sido expuesta, no impide consagrar a nivel constitucional un “ideal de justicia social” que consagre como deberes del Estado la satisfacción de ciertos derechos sociales (decidiendo los órganos colegisladores si se concretizan por medio de políticas focalizadas o universales), de modo que a través de lo que Rawls ha denominado como “cooperación social” (o en nuestras palabras colaboración pública privada), se consigan alcanzar sus dos principios de justicia (i) mismas libertades individuales, y, (ii) justa igualdad de oportunidades [6], asegurando un mínimo de satisfacción material para todos.

Notas al pie

  • [1] Evópoli y Horizontal promueven la idea de una Constitución mínima.
  • [2] PISARELLO PRADOS, Gerardo, Los derechos sociales y sus garantías, Editorial Española, Madrid, p.11. 
  • [3] HÄBERLE, Peter, Verfassung als offentlicher prozess, 1978, p.93. 
  • [4] GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, La constitución Española de 1978, Editorial Civitas, Madrid, 1981, p. 226.  
  • [5] GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, La constitución Española… op. cit., p.203. 
  • [6] RAWLS, John, Teoría de la justicia, Editorial Fondo de Cultura Económica, México, 2012, pp. 67.


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